Guadalupe Contreras se hizo rastreadora en Guerrero, cuando su hijo desapareció y en las montañas de Iguala comenzaron a aparecer enterrados decenas de cuerpos. Ahora, gracias a su experiencia, trabaja en la brigada de búsqueda del Colectivo Solecito, una organización de madres y familiares de desaparecidos que rastrea un terreno agreste de unos cuatro kilómetros de largo junto al barrio residencial de Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz. Se cumple un año desde que estas mujeres encontraron, con sus propios recursos, la fosa clandestina más grande de México y, hasta la fecha, con los restos de 287 personas.
“Para mí, encontrar un resto es como encontrar un tesoro. Me da alegría porque sé que sus familiares van a poder estar en paz”, explica Perla Damián, una de las mujeres que integran el colectivo y que participa en la brigada de búsqueda que rastrea la zona. “Yo espero encontrar a mi hijo un día. Vivo. Pero Dios tiene la última palabra”. Víctor Álvarez, su hijo, desapareció en diciembre de 2013 cuando tenía 16 años y las autoridades “nunca hicieron su trabajo”.
Durante el mandato del priísta Javier Duarte (2010-2016) –actualmente en prisión acusado de delincuencia organizada, corrupción y enriquecimiento ilícito– las mafias no tuvieron problemas para hacer desaparecer los cadáveres de cientos de personas. Se han encontrado más de 30 mil restos humanos en 44 municipios de todo Veracruz, y siguen apareciendo fosas clandestinas.
A principios de mes, fueron detenidos e imputados por el delito de desaparición forzada el anterior Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, y su segundo, así como el ex director de Penales del Estado y 13 jefes de policía. Uno de ellos, Roberto González, era comandante de “Los Fieles”, un grupo entrenado por el ejército que llegó a utilizar una academia de policía como como campo de tortura y donde, al menos, desaparecieron a 15 personas.
Bajo el paraguas de la guerra que los cárteles mantienen desde hace casi una década en Veracruz, la desaparición de cientos de personas inocentes ha sido una consecuencia de la ausencia del Estado a la hora de proporcionar seguridad y justicia a la población civil.
EL GOBIERNO HA OCULTADO LAS CIFRAS DE DESAPARECIDOS
Las denuncias públicas de cientos de madres que buscaban a sus hijos y denunciaban la complicidad de las autoridades con los grupos de la delincuencia pronto se convirtieron en una molestia para el gobierno: Duarte ocultó 1 mil 824 casos, según afirmó el actual Fiscal del Estado, Jorge Winckler.
En comparecencia ante el congreso local, a finales de enero, afirmó desconocer el número de homicidios y secuestros bajo su administración y ofreció cifras desfasadas de las fosas halladas y cuerpos recuperados. El Fiscal no incluyó los registros de los últimos 14 meses de la actual administración. “Los datos fueron minimizados para evitar la alarma. El Gobernador quiere que su hijo herede el cargo. La situación en Veracruz sigue igual o incluso peor que con Duarte”, lamenta Lucía Díaz, fundadora del Colectivo Solecito que agrupa a más de 200 madres de víctimas de desaparición forzada.
El ex director nacional del ISSSTE (el sistema de sanidad pública del funcionariado federal mexicano), y ahora Gobernador del tercer estado más poblado de México, Miguel Ángel Yunes, proyecta la candidatura de su hijo por el Partido Acción Nacional (derecha), para las próximas elecciones del Estado.
En su informe anual, tampoco incluyó las desapariciones registradas durante 2017. El Registro Público de Personas Desaparecidas (Repupedes), que presentó al inicio de su mandato como una de las acciones “estrella” contra la epidemia de desaparición forzada, no se ha actualizado y su servidor no funciona.
Lucía Díaz, además, denuncia que la Comisión de Atención a Víctimas de Veracruz, que se creó para atender los casos de desaparecidos que se amontonaban en los escritorios de la Fiscalía, no obtuvo fondos suficientes para su funcionamiento.
MADRES UNIDAS POR LA BÚSQUEDA
En mayo de 2016, dos sujetos se acercaron a un grupo de madres de víctimas de desaparición forzada que protestaban frente al edificio del poder judicial del Estado y les entregaron un pequeño mapa dibujado a mano. En el croquis se detallaba la ubicación de un narco-cementerio en una brecha escarpada junto al fraccionamiento Colinas de Santa Fe, 13 kilómetros al norte del puerto de Veracruz, uno de los centros económicos más importantes del país.
El Colectivo Solecito organizó un grupo de rastreo y desde entonces no ha dejado de desenterrar a personas desaparecidas en el lugar. El gobierno, sin embargo, solo ha logrado identificar a 15 de todas ellas.
“Nos organizamos en mayo de 2014 y nunca hemos recibido apoyo por parte del gobierno. Nada en absoluto”, explica Lucía. “Nosotras trabajamos a partir de nuestros medios, y el trabajo en Colinas de Santa Fe ha costado hasta la fecha más de 700 mil pesos [unos 33 mil euros]. A un colectivo de madres sin recursos”, explica indignada. El colectivo sufraga sus actividades con la venta de comida en mercados y algunos puntos del estado, rifas y el comercio de ropa de segunda mano. También con pequeñas donaciones que reciben de la sociedad civil.
Además del trabajo en Veracruz, Lucía se enorgullece de la participación del Colectivo Solecito en la redacción de la Ley General de Desaparición Forzada y desaparición por particulares (pionera en México), incorporando propuestas como el registro de ingresos en las cárceles y de personas desaparecidas, así como la iniciativa de formar una comisión con la sociedad civil para trabajar directamente con las familias de las víctimas.
En México no se sabe cuántas personas están desaparecidas. Hay registros de algunas instituciones, investigaciones de periodistas y cálculos de organizaciones que sitúan hasta en más de 26 mil los casos. Sin embargo, al no existir una metodología común, las cifras reales son contradictorias, confusas y, por lo tanto, inciertas. Pero, como asegura Perla, “mientras no veas los restos de tu hijo o no sepas que lo encontraron muerto, él vive”.